LEY 7854

FISCALÍA DE ESTADO

 

Ley Orgánica - sanc. 21/11/1989; promul. 11/12/1989; publ. 23/1/1990

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba sancionan con fuerza de ley:

 

 

Art. 1.– La Fiscalía de Estado tiene a su cargo el control de legalidad de la actividad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio de la provincia, a dichos fines, es el órgano exclusivo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo.

 

 

Art. 2.– El fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada además por:

 

a) El procurador del Tesoro,

 

b) Los funcionarios de nivel directivo de la Fiscalía de Estado y Procuración del Tesoro,

 

c) Los abogados de la Fiscalía de Estado y Procuración del Tesoro, y

 

d) El Cuerpo de Abogados del Estado.

 

 

DEL FISCAL DE ESTADO

 

Art. 3.– El fiscal de Estado es designado y removido por el Poder Ejecutivo y tiene el rango, jerarquía e inmunidades de ministro, con las atribuciones del art. 147 Ver texto de la Constitución provincial.

 

Art. 4.– Para ser designado fiscal de Estado se requiere:

 

a) Ser argentino;

 

b) Tener residencia inmediata y continua en la provincia de Córdoba durante los 4 años anteriores a su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de funciones al servicio del Gobierno federal o de las provincias o municipios;

 

c) Tener más de treinta años de edad; y

 

d) Poseer título de abogado con diez años como mínimo de ejercicio de la abogacía.

 

Art. 5.– El fiscal de Estado ajustará su actuación a las normas constitucionales y legales y procederá su intervención de conformidad a las previsiones de esta ley, del Código Contencioso Administrativo y de la Ley de Procedimiento Administrativo Ver texto.

 

 

Art. 6.– El fiscal de Estado representa a la provincia en todos los litigios en que ésta sea parte, pudiendo sustituir sus facultades por escrito y sin otra formalidad a favor del procurador del Tesoro, abogados apoderados y letrados del cuerpo de abogados, sin perjuicio de impartir en cada trámite judicial las directivas que considere oportunas y ejercer el control que la reglamentación de esta ley determine. Puede, con autorización del Poder Ejecutivo, consentir sentencias de primera instancia y transar judicial o extrajudicialmente. Puede, por sí, consentir regulaciones de honorarios, cuando los mismos sean fijados dentro de los márgenes legales.

 

Art. 7.– Cuando el fiscal de Estado, el procurador del Tesoro y demás funcionarios actúan en representación de la provincia de conformidad a lo dispuesto por la presente ley, será suficiente la invocación de su carácter de tales para acreditar su personería.

 

Art. 8.– Toda sentencia dictada en juicio contra el Estado provincial deberá ser notificada al fiscal de Estado en su despacho, aun cuando hubiere sustituido facultades o no hubiere tenido participación en la causa.

 

Art. 9.– En los juicios que no sean demanda contra el Estado que por su naturaleza la ley imponga la intervención necesaria del fiscal de Estado o del procurador del Tesoro no podrá mediar condena en costas por sus actuaciones judiciales en defensa de los intereses de la provincia.

 

Art. 10.– Si se dictare alguna resolución municipal o comunal contraria a los intereses del Estado provincial, el fiscal de Estado podrá iniciar las acciones correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia.

 

 

Art. 11.– El fiscal de Estado en su carácter de órgano de control de la legalidad administrativa del Estado, tiene las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las que le asignen las leyes especiales:

 

a) Dictaminar preventivamente, salvo los casos que reglamentariamente se establezcan:

 

1) En todas las causas administrativas en que se discuta la interpretación de normas vigentes.

 

2) En todos los casos de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

 

3) En los casos de otorgamiento, reconocimiento o denegación de derechos administrativos.

 

4) En todos los casos de contratación de obras, bienes y servicios.

 

5) En los sumarios administrativos en que proceda imponer sanciones expulsivas que deban ser resueltas por el Poder Ejecutivo.

 

6) En los casos de ejercicios de facultades colegislativas y de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo solicite.

 

b) Asesorar:

 

1) Al gobernador y sus ministros conforme lo prevea la reglamentación, en todo asunto jurídico que le sea consultado o sometido a su examen.

 

2) En toda transacción judicial o extrajudicial que corresponda sea resuelta por el Poder Ejecutivo.

 

c) Intervenir:

 

1) Como sumariante, en los casos en que le sea solicitada a la Fiscalía de Estado la instrucción de sumarios administrativos exclusivamente cuando estén dirigidos en contra de funcionarios de autoridad.

 

2) Ejerciendo la acción de lesividad a los fines de la invalidación de los actos anulables a que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo Ver texto.

 

No es necesario dictamen fiscal en todos aquellos asuntos que correspondan al régimen económico administrativo de cada ministerio y en aquellas materias administrativas que les haya delegado el Poder Ejecutivo en forma expresa y con arreglo de la ley.

 

Art. 12.– El dictamen del fiscal de Estado, en los casos que por esta ley corresponda, constituye la última etapa jurídica del procedimiento administrativo y la remisión de las actuaciones a su conocimiento será dispuesta por el Poder Ejecutivo, ministro, secretario o subsecretario respectivo.

 

Art. 13.– La administración provincial central y descentralizada debe encuadrarse en la orientación y jurisprudencia administrativa emergente de la aplicación de la presente ley.

 

En caso que el Poder Ejecutivo no participe de la opinión del fiscal de Estado en los asuntos en que su dictamen sea requerido, deberá fundar su decisión de acuerdo a derecho, bajo pena de nulidad.

 

La resolución definitiva que se dicte en estos casos no surtirá efecto alguno sin la notificación al fiscal de Estado en su despacho, dentro de los cinco días hábiles de la fecha en que se dicte.

 

Art. 14.– El fiscal de Estado puede requerir directamente de todas las oficinas de la administración central y descentralizada, los antecedentes, documentación o expedientes que permitan facilitar el desempeño de sus funciones.

 

Art. 15.– Es incompatible con la función de fiscal de Estado el ejercicio de la profesión de abogado, con excepción de los casos en que actúe en representación de la provincia, o en causa propia, de su cónyuge o de sus hijos menores.

 

Art. 16.– Corresponde al fiscal de Estado proponer al Poder Ejecutivo la designación y remoción del personal de su dependencia y establecer las modalidades del régimen funcional y orgánico adecuado a las necesidades del servicio y del régimen disciplinario que aseguren el mejor desempeño de las funciones de sus agentes.

 

Art. 17.– El fiscal de Estado no es recusable, pero si se hallara incurso en causales de interés en el asunto, amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante y de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo con el interesado, deberá apartarse remitiendo las actuaciones al procurador del Tesoro para su dictamen.

 

 

Art. 18.– El procurador del Tesoro es el sustituto legal del fiscal de Estado. En su defecto, lo reemplaza el director general de Asuntos Jurídicos, mediante resolución expresa dictada a tal fin.

 

 

DEL PROCURADOR DEL TESORO

 

Art. 19.– El procurador del Tesoro es designado y removido por el Poder Ejecutivo, goza de las inmunidades del fiscal de Estado y tiene el rango y la jerarquía de subsecretario.

 

Art. 20.– Para ser designado procurador del Tesoro se requiere:

 

a) Ser argentino,

 

b) Tener residencia inmediata y continua en la provincia durante los 4 años anteriores a su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de funciones al servicio del Gobierno federal o de las provincias o municipios,

 

c) Tener más de treinta años de edad y

 

d) Poseer título de abogado con ocho años como mínimo de ejercicio de la abogacía.

 

Art. 21.– El procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del Estado provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el fiscal de Estado, o delegada conforme a lo establecido por el art. 6 Ver texto de esta ley y de acuerdo con lo que disponga la reglamentación. A estos efectos, el fiscal de Estado, el procurador del Tesoro o sus sustitutos serán parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la provincia esté interesada.

 

 

Art. 22.– El procurador del Tesoro puede delegar en cada caso las facultades sustituidas por el fiscal de Estado, en los letrados que componen el cuerpo de abogados de la Procuración del Tesoro y abogados apoderados, en la forma prevista en el art. 6 Ver texto de esta ley.

 

Art. 23.– El cargo de procurador del Tesoro es compatible con el ejercicio de la profesión de abogado con las limitaciones del art. 92 Ver texto de la Constitución de la provincia.

 

 

DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

 

Art. 24.– Para ser designado director general de Asuntos Jurídicos se requiere los mismos requisitos que para ser juez de primera instancia.

 

El director general de Asuntos Jurídicos secunda al fiscal de Estado en sus funciones y tiene especialmente a su cargo:

 

a) Planificar y supervisar el trabajo de los abogados asesores de la Fiscalía de Estado.

 

b) Asistir al fiscal de Estado en el control técnico del cuerpo de abogados del Estado y coordinar la labor de sus integrantes.

 

c) Convocar a reuniones plenarias a los abogados de la Fiscalía de Estado y del Cuerpo de Abogados del Estado para el tratamiento de asuntos que requieran debates de tal naturaleza.

 

d) Organizar el Registro de Dictámenes y su publicidad a los efectos de sistematizar la jurisprudencia administrativa.

 

e) Organizar la Biblioteca Jurídica con personal técnico especializado y proponer y supervisar la adquisición del material bibliográfico necesario.

 

f) Analizar y estudiar la legislación vigente en el ámbito provincial para sugerir las modificaciones pertinentes.

 

 

DE LOS SECRETARIOS RELATORES

 

Art. 25.– La relatoría está a cargo de dos secretarios relatores. Para su designación se requieren los mismos requisitos que para ser juez de primera instancia.

 

Los secretarios relatores tienen las siguientes funciones:

 

a) Analizar y relatar al fiscal de Estado las actuaciones administrativas y proyectos de pronunciamientos sometidos a su consideración.

 

b) Colaborar con el director general de Asuntos Jurídicos en la planificación y supervisión del trabajo de los abogados asesores, así como en la organización, sistematización y difusión de la jurisprudencia administrativa.

 

 

DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA JURÍDICA

 

Art. 26.– Para ser designado director de Informática Jurídica se requiere título de abogado, tener seis años como mínimo en el ejercicio profesional, o en la docencia universitaria o en la investigación académica y contar con conocimientos en sistemas de Informática Jurídica.

 

El director de Informática Jurídica tiene a su cargo:

 

a) Crear, actualizar y coordinar el sistema de informática jurídica, a fin de facilitar el conocimiento del derecho en forma oportuna y eficiente y la divulgación del dato jurídico global.

 

b) Reunir, analizar y sistematizar la legislación provincial.

 

c) Crear los archivos necesarios para el sistema de informática jurídica, en coordinación con el sistema nacional, otros poderes públicos e instituciones relacionadas.

 

d) Estudiar y aplicar tecnologías en informática jurídica documental y de gestión.

 

e) Proveer información a los funcionarios y abogados de Fiscalía de Estado, Procuración del Tesoro y Cuerpo de Abogados del Estado.

 

f) Organizar el servicio de consulta al público en general.

 

 

DEL DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES

 

Art. 27.– Para ser designado director de Asuntos Judiciales se requiere los mismos requisitos que para ser juez de primera instancia.

 

El director de Asuntos Judiciales asiste al procurador del Tesoro en sus funciones y tiene especialmente a su cargo:

 

a) Planificar y supervisar el trabajo de los integrantes del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro.

 

b) Convocar a reuniones plenarias del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro para el tratamiento de asuntos que requieran debates de tal naturaleza.

 

 

DE LOS ABOGADOS DE FISCALÍA DE ESTADO Y DE PROCURACIÓN DEL TESORO

 

Art. 28.– Para ser designado abogado de la Fiscalía de Estado o de la Procuración del Tesoro se requiere poseer el título de abogado con cinco años como mínimo de antigüedad en el ejercicio profesional. Toda designación en tal carácter, lo será previo concurso conforme lo establezca la reglamentación del art. 174 Ver texto segunda parte de la Constitución de la provincia, con las modalidades particulares que determine la reglamentación de esta ley.

 

 

Art. 29.– El personal letrado de Fiscalía de Estado y Procuración del Tesoro, como asimismo los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado y los abogados apoderados en su caso, tendrán derecho a percibir honorarios judiciales cuando el adversario haya sido condenado en costas, no pudiendo cobrarlo en ningún caso a la provincia.

 

En cada unidad orgánica podrá establecerse un régimen de coparticipación de los honorarios que se perciban de la contraparte, fundado únicamente en razones de colaboración prestada por los letrados que respectivamente las integren y respetando el principio de propiedad intelectual.

 

La distribución de asuntos judiciales deberá ajustarse a principios de organización, especialización, colaboración y división del trabajo.

 

Art. 30.– Está prohibido a los integrantes de Fiscalía de Estado y Procuración del Tesoro representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública provincial, sus entes descentralizados o autárquicos, municipios y comunas, o intervenir en gestiones extrajudiciales en que éstos sean parte, salvo que se trate de la defensa de sus intereses personales, de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado, o cuando tales actos se realicen en defensa de sus derechos.

 

 

DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

 

Art. 31.– Pertenecen al Cuerpo de Abogados del Estado los asesores letrados de los ministerios y secretarías de Estado y de las distintas entidades de la administración centralizada y descentralizada.

 

Sus integrantes permanecerán administrativamente dentro de la estructura orgánica de sus respectivas reparticiones y en el cargo designado por el presupuesto vigente, pero dependerán técnicamente del fiscal de Estado a los fines previstos por esta ley.

 

Los abogados del Estado sólo podrán patrocinar o representar en juicios a municipios y comunas de la provincia, previa autorización expresa del fiscal de Estado y en ningún caso podrán percibir honorarios de la municipalidad o comuna cuya causa defiendan.

 

 

Art. 32.– Son sus funciones:

 

a) Dictaminar en los casos que les fueran encomendados, indicando, cuando corresponda, la necesidad y condiciones de la remisión de las actuaciones al fiscal de Estado, conforme con las disposiciones del art. 11 Ver texto de esta ley y según lo establezca la reglamentación.

 

b) Sustanciar las investigaciones previas y los sumarios que los organismos de la jurisdicción o entidad administrativa a la que pertenezcan les encomiende, y preparar, cuando corresponda, el traslado de lo actuado a la autoridad judicial competente.

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

Art. 33.– Hasta tanto se designen abogados apoderados de la provincia en las circunscripciones judiciales donde no los hubiere, los agentes fiscales de las mismas continuarán en la atención de los juicios en que intervienen y suplirán al fiscal de Estado o procurador del Tesoro en aquellas causas que se les delegue de conformidad con los arts. 6 Ver texto y 22 Ver texto de la presente ley.

 

Art. 34.– Derógase la ley 6723 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

 

Art. 35.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Fornasari – Cendoya – Dressino – Nacusi