DECRETO Nº 132/94

SERVICIOS PERMANENTES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Santa Fe, 31 de enero de 1994

 

VISTO:

El Expediente Nº 00101-0050870-8 del registro de la Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones de referencia tramita un proyecto de reglamentación de funcionamiento de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de los Ministerios, Secretarías de estado, Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos del Estado Provincial;

Que la adopción de disposiciones en tal sentido aparece como necesaria y conveniente, no sólo para el funcionamiento de los servicios mencionados sino para un más correcto diligenciamiento de las actuaciones administrativas;

Que el debido asesoramiento jurídico permite velar más eficazmente por la preservación de la legalidad en el ejercicio de la función administrativa, cometido que no se agota en el asesoramiento brindado en las situaciones particulares sometidas a consulta, sino que exige y reclama una gestión activa por parte de los organismos asesores tendiente a corregir y superar las deficiencias que puedan presentarse en los procedimientos administrativos conducentes a esa finalidad;

Que una adecuada reglamentación de las situaciones en que corresponde requerir parecer de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y aún de la propia Fiscalía de Estado, contribuiría no solamente a la juridicidad del obrar administrativo, sino a la agilización de las actuaciones, evitando la intervención de aquellos cuando el contenido de éstas lo amerite, por no involucrar cuestiones jurídicamente controvertibles;

Que habiendo tomado intervención en las presentes Fiscalía de Estado aconseja se proceda al dictado de las normas reglamentarias proyectadas;

Que este Poder Ejecutivo, en su condición de Jefe superior de la Administración Publica, se encuentra facultado para proveer lo conducente a la organización de los servicios públicos y a adoptar normas de orden interno, conforme lo dispuesto por el artículo 72º incisos 4.4 y 5 de la Constitución Provincial;

POR ELLO;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN ACUERDO DE MINISTERIOS

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébanse las normas reglamentarias del funcionamiento de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de los Ministerios, Secretarias de Estado, Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos del Estado Provincial, las que en Anexo compuesto de siete fojas, forman parte del presente decreto.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

 

Reglamentación de Funcionarios de los Servicios Permanentes de Asesoramiento Jurídicos

CAPITULO I : De las Actuaciones en que corresponde recabar su intervención

Artículo 1º: Corresponderá recabar obligatoriamente dictamen previo de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de los Ministerios, Secretarías de Estado, Organismos Descentralizados y entes autárquicos del Estado Provincial, en las actuaciones administrativas en las cuales el acto de dictarse fuera susceptible de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, incluyendo entre los mismos a los propios dependientes de la Administración pública Provincial.

Artículo 2º: En particular, corresponderá recabar obligatoriamente el dictamen en los siguientes casos:

a) Cuando se dedujeren recursos administrativos aún cuando no estuviere reglado dicho requisito en el trámite respectivo.

b) Cuando se dedujeren reclamaciones administrativas previas.

c) En las actuaciones relativas a contrataciones del Estado, cualquiera fuere el objeto de las mismas y sólo cuando dicha intervención resultare necesaria para la redacción de las estipulaciones jurídicas de los pliegos de bases y condiciones o de los contratos a suscribir; analizar la factibilidad de disponer prórroga, tácita reconducción, rescisión, anulación o revocación de las contrataciones respectivas; todo ello sin perjuicio de los informes que corresponda sean producidos por los organismos técnicos competentes.

d) En la elaboración de proyectos de leyes y con carácter previo al estado pario de la iniciativa respectiva, elaboración de reglamentos de ejecución o autónomos, elaboración de circulares, instrucciones y demás normas de orden interno cuando su contenido y alcance pudieren dar lugar a situaciones jurídicas controvertibles.

e) Previo a la aplicación de sanciones disciplinarias, y de sanciones administrativas por infracción a normas de policía provincial.

h) En los conflictos interadministrativos planteados entre la diversas reparticiones o dependencias de la Administración Pública Provincial, cuando la resolución de los mismos importare dirimir una cuestión jurídicamente controvertible, y no se trate de supuestos de aplicación de la Ley Nº 7.893.

Artículo 3º: Corresponderá recabar obligatoriamente dictamen de Fiscalía de Estado en los siguientes casos:

a) Cuando habiendo tomado intervención diversos servicios permanentes de asesoramiento jurídico en una misma actuación, surgieren insalvables diferencias de criterios entre las opiniones vertidas por los mismos, y siempre que no se trate de recursos en cuyo trámite posterior deba intervenir.

b) Cuando la cuestión sometida a dictamen revistiera excepcional trascendencia jurídica o su resolución importare fijar normas generales o sentar precedentes de interés general para la Administración Pública Provincial.

c) Cuando las reglamentaciones y demás normas administrativas mencionadas en el inciso e) del artículo 2º vayan a ser dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial o por autoridades dependientes del mismo por delegación expresa de éste.

d) Cuando vayan a dictarse por parte del Poder ejecutivo Provincial actos administrativos mediante los cuales se disponga de delegación de facultades o funciones en órganos y organismos jerárquicamente subordinados.

Artículo 4º: En los casos mencionados en el artículo precedente la autoridad máxima de los entes autárquicos o descentralizados o sus reemplazantes naturales.

Artículo 5º: La intervención obligatoria de la Fiscalía de Estado y de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico según lo dispuesto en las disposiciones precedentes, se entenderá sin perjuicio de la que estuviere establecida por expresas disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 6º: Las autoridades superiores podrán requerir la opinión de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y aún de Fiscalía de Estado, en actuaciones que no estuvieren expresamente comprendidas en los alcances de las disposiciones precedentes o no pudieren entenderse razonablemente implícitas en las mismas, cuando lo estimaren conveniente para mejor resolver la cuestión planteada y debiendo fundar en todos los casos la excepción.

Artículo 7º: Los servicios administrativos se abstendrán de requerir opinión de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico en cuestiones de carácter estrictamente rutinario, que no planteen situaciones controvertibles jurídicamente por estar expresamente regulado su trámite y resolución por disposiciones legales o reglamentarias vigentes, particularmente en lo relativo a los agentes de la Administración Pública Provincial.

CAPITULO II : Del Trámite de las actuaciones y la formalidad de las opiniones

Artículo 8º: No corresponderá la opinión de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico o de la Fiscalía de Estado, aún cuando la misma fuere pertinente por versas sobre las materias mencionadas en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente reglamentación, cuando la cuestión fuera abstracta o general o la actuación administrativa se encontrare en una etapa informativa sin que medien controversias entre reparticiones administrativas o pretensiones jurídicas de los administrados que deban ser objeto de resolución.

Artículo 9º: En los casos en que, previo a la intervención de los servicios asesoramiento jurídico o de la Fiscalía de Estado, corresponda informes por parte de los organismos técnicos competentes según la materia que se trate, éstos serán evacuados con anterioridad, con estricta observancia de lo dispuesto en los artículos 38º primer párrafo y 39º de la Reglamentación para Tramite de Actuaciones Administrativas aprobada por Decreto Acuerdo Nº 10.204/58 y el 6º inciso a) del Decreto Acuerdo Nº 27/93, último si correspondiera, o disposiciones análogas que los sustituyeren en el futuro.

Si los servicios permanentes de asesoramiento jurídico o de Fiscalía de Estado estimaren conveniente para mejor fundar su opinión, recabar tales informes o ampliarlos si se hubieren producido, reenviaran las actuaciones a tales fines a los organismos pertinentes previo a emitir dictamen.

Artículo 10º: En los casos en que se requiriese la interven-ción de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico o de la Fiscalía de Estado por haber se deducido recursos administrativos, y con independencia de la calificación jurídica de los mis-mos, las Direcciones Generales de Despacho u organismos que hagan sus veces, acompañarán las constancias fehacientes de notificación a los recurrentes del acto impugnado a los fines de cotejar la temporaneidad del remedio interpuesto. Si la misma no existiese harán constar tal circunstancia.

Artículo 11º: Los servicios permanentes de asesoramiento jurídico emitirán sus dictámenes con arreglo a las siguientes formalidades:

a) Breve reseña de los antecedentes de la gestión.

b) Planteo concreto de la cuestión jurídica controvertida.

c) Análisis puntual de la misma.

d) Conclusión con opinión concreta sobre la cuestión planteada, fundada en las disposiciones normativas aplicables y, en su caso, mención de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que la sustenten.

e) Mención, si correspondiese, del acto administrativo que deba dictarse para resolver la cuestión con especificación de las formalidades con que ha de ser emitido el mismo y la autoridad a quien corresponda su dictado.

Artículo 12º: Los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y la Fiscalía de Estado devolverán, sin emitir opinión, las actuaciones que les fueran remitidas para dictamen sin observar las disposiciones de la presente reglamentación o cuando conforme a las mismas no corresponda que emitan parecer.

Articulo 13º: La omisión del dictamen de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico o de la Fiscalía de Estado cuando el mismo debe obligatoriamente recabarse conforme las disposiciones de la presente o por así establecerlo expresas normas legales o reglamentarias vigentes, tornará anulables el acto dictado en consecuencia.

Artículo 14º: En los casos en que se remitieren actuaciones a dictamen de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico o sobre cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, o sobre el acierto de los actos o medidas a disponerse.

CAPITULO III : De la vinculación con la Fiscalía de Estado

Artículo 15º: Los servicios permanentes de asesoramiento jurídico a los que refiere el artículo 1º; sin perjuicio de la dependencia orgánico funcional que les corresponda, coordinarán con la Fiscalía de Estado los aspectos técnicos de las acciones a su cargo, entre las que se podrá incluir la realización de estudios o trabajos técnicos jurídicos en el marco de las instrucciones generales que les comunique.

Artículo 16º: El Fiscal de Estado podrá disponer por sí la afectación transitoria de profesionales que se desempeñen en los servicios permanentes de asesoramiento jurídico a la Fiscalía de Estado, cuando lo estimare conveniente para el análisis de cuestiones específicas sometidas a su consideración, previa conformidad de la autoridad máxima de la jurisdicción y organismo en que los mismos presentaren servicios y del responsable del servicio respectivo si correspondiere.

Articulo 17º: La Fiscalía de Estado tendrá participación necesaria en la organización de las actividades de capacitación y perfeccionamiento dirigidas a los profesionales que se desempeñan en los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y previo al dictado de normas que modifiquen su encuadramiento y situación estatutaria o escalafonaria o en alguna medida afecten a las mismas.

Artículo 18º: La Fiscalía de Estado arbitrará los medios necesarios para dar difusión a sus dictámenes y a la jurisprudencia administrativa que emane de los mismos, asegurando particularmente su conocimiento por parte de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y demás dependencias administrativas, para garantizar el pleno cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto Nº 2634/67.

CAPITULO IV : Disposiciones Generales

Articulo 19º: Los dictámenes u opiniones de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y de la Fiscalía de Estado no serán vinculantes para la autoridad administrativa llamada a decidir en el caso la que podrá apartarse, por razones fundadas, del criterio sentado en los mismos sin perjuicio de recabarlos obligatoriamente cuando corresponda conforme se dispone en esta reglamentación o en expresas normas legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 20º: Los servicios permanentes de asesoramiento jurídico podrán proponer a las autoridades superiores de los organismos o reparticiones administrativas en que presten servicios, la adopción, modificación, derogación o supresión de disposiciones legales o reglamentarias, cuando lo estimaren conveniente para un mejor funcionamiento de la Administración Pública Provincial.

Artículo 21º: Los titulares de los servicios jurídicos permanentes, incluidos ellos, podrán otorgar a los profesionales que los integran hasta dos horas por jornada para la atención de asuntos profesionales fuera de sus respectivas oficinas, conforme a la diagramación de horarios que establezca en razón de las necesidades del servicio y que no podrá comprender a la primera y a la última hora de labor diaria. Esta franquicia es independiente del régimen del decreto Nº 1919/89 o del que en el futuro lo sustituya.