LEY Nº 11.875

ARTICULO 1.  La Fiscalía de Estado de la Provincia es el órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de la defensa legal. Está constituida por su Titular Constitucional, el Procurador General de la Provincia, el Asesor Coordinador en lo Contencioso Administrativo y Procesos Judiciales, el Jefe de la Delegación Rosario, y los restantes funcionarios cuyas incumbencias determine el Fiscal de Estado sujeto a aprobación del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 2.  Son funciones de la Fiscalía de Estado:

a) Asesorar juridicamente al Poder Ejecutivo en los tiempos y modos que establezca la reglamentación.

b) Defender judicial y administrativamente a la Provincia de Santa Fe en todo asunto en que corresponda intervenir según las disposiciones procedimentales.

c) Ejercer la dirección de los procesos en que sean parte los entes administrativos con capacidad jurídico procesal cuando aparezcan comprometidos intereses sustanciales o así lo decida el Poder Ejecutivo, conforme lo prevea la reglamentación.

d) Ejercitar los controles pertinentes sobre la actividad de los órganos de asesoramiento jurídico de la Administración Pública y Entes Públicos, en los modos y tiempos que determine la reglamentación.

e) Proyectar actos administrativos y normas técnicas legales que fueren necesarios para el mejor desarrollo del asesoramiento y de la defensa legal.

f) Llevar a cabo las investigaciones y procedimientos disciplinarios en los casos que establezcan las leyes y la reglamentación, como así también efectuar auditorías o inspecciones en los órganos de asesoramiento jurídico y de la defensa legal de la Administración Pública y Entes Públicos.

Los dictámenes que emita la Fiscalía de Estado son la última instancia en el asesoramiento administrativo y obligatorio el criterio que contengan para los demás órganos jurídicos de la Administración Pública y sus Entes.

ARTICULO 3.  Son Atribuciones de la Fiscalía de Estado:

a) Dictar normas de organización interna determinando el reparto de incumbencias en función de las necesidades del servicio y de la idoneidad de sus funcionarios, las que mantendrán su vigencia en tanto subsistan ambas condiciones.

b) Contratar profesionales con carácter temporario en situaciones excepcionales justificadas por acto fundado del titular de la jurisdicción o para cometidos especiales afectando el crédito para gastos de personal que le asigne la respectiva ley de presupuesto.

c) Seleccionar los profesionales pertenecientes a la Administración Central y Entes Públicos por conducto de los cuales se ejerce la función prevista en el apartado d) del artículo 2.

d) Requerir directamente a los órganos que correspondieren los antecedentes, informes, constataciones y análisis necesarios para ejercitar sus funciones, estableciendo el plazo y forma de la respuesta, como así proponer sanciones administrativas en casos de incumplimiento o reticencia.

e) Proyectar la partida de gastos de funcionamiento adecuada al cumplimiento de sus funciones, la cual debe prever el equipamiento y adiestramiento del personal.

Facúltase a la Fiscalía de Estado a instrumentar un sistema de capacitación permanente para el personal ingresado o por pasantías, pudiendo suscribir convenios con Universidades Nacionales con sede en la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 4.  El Fiscal de Estado y los apoderados judiciales no pueden suscribir allanamientos, desistimientos de la acción o del proceso o transacciones sin autorización previa del Poder Ejecutivo, la que no será necesaria para desistir de recursos o impugnaciones ni para formalizar convenios de pago de sentencias o en los casos en que existan normas generales que establezcan modalidades de atención de las acreencias reclamadas, previa autorización escrita del Fiscal de Estado. Los apoderados judiciales deben oponer la prescripción y solicitar la declaración de la caducidad de instancia en los casos en que corresponda.

ARTICULO 5.  El Fiscal de Estado, en materia de defensa legal, puede actuar por sí o designando abogados apoderados, siendo su responsabilidad directa en el primer caso y sin perjuicio de las que deriven de las normas civiles y penales de aplicación.
Los abogados de Fiscalía de Estado serán personal y patrimonialmente responsables de los perjuicios que se operen como consecencia del negligente o irregular desempeño de sus funciones, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que correspondan, incluyendo la omisión o el retardo de formalizar e instar documentadamente el depósito de los fondos pertinentes para el cumplimiento de resoluciones judiciales.
La responsabilidad comprende a los dictámenes, memorandos, notas e informes que suscriban por sí solos o conjuntamente con el Fiscal de Estado y por las demoras injustificadas en la producción de éstos. La reglamentación establecerá el plazo en que deberán ser redactados o producidos, sin perjuicio que el Fiscal de Estado o funcionario que corresponda establezca uno distinto en función de las particularidades del caso concreto.
Constituye falta grave del apoderado omitir poner a consideración del Fiscal de Estado los proyectos de escritos judiciales en el plazo que fije la reglamentación como así su presentación ante el Tribunal competente sin el patrocinio de aquel, salvo casos de probada excepcionalidad y urgencia lo cual, no obstante, no afectará la eficacia del acto.
Los integrantes de la Fiscalía de Estado, cualquiera sea la naturaleza de la relación, no tienen derecho al cobro de honorarios cuando éstos sean a cargo de la Provincia o sus Entes.

ARTICULO 6.  El Fiscal de Estado puede disponer que no se inicie juicio contra el deudor en supuesto de manifiesta inconveniencia económica en relación a los costos del proceso.

ARTICULO 7.  El Fiscal de Estado y los profesionales para los cuales se establezca la dedicación exclusiva, no podrán ejercer su profesión salvo para los casos en que actúen como representantes legales de la Provincia o para el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 2.
Queda prohibido a los abogados de la Fiscalía de Estado o que desarrollen funciones en ella, la intervención procesal de cualquier naturaleza o asesoramiento en representación o asistencia a personas distintas a la Provincia o sus Entes menores, en los que ellos sean contraparte, como asimismo en los trámites administrativos en que aquellos sujetos tengan interés en su resolución.
La reglamentación establecerá el horario destinado al ejercicio profesional para aquellos profesionales que no tengan incompatibilidad profesional, únicamente destinado a un lapso razonable para la procuración de juicios en trámite y asistencia a audiencias judiciales, sujeto a las necesidades del servicio, hallándose el Fiscal de Estado o el superior inmediato facultado a limitarlo o suspenderlo en función de aquellas.

ARTICULO 8.  El Procurador General reemplaza al Fiscal de Estado en caso de ausencia o excusación de éste, con comunicación al Poder Ejecutivo si el reemplazo se extendiera más allá de dos días. El Procurador General es sustituido por el Asesor Coordinador en lo Contencioso Administrativo y Procesos Judiciales en los mismos supuestos. El Fiscal de Estado puede delegar el patrocinio de escritos judiciales en el orden indicado, como así también el control y firma de dictámenes en casos análogos a otros en que haya fijado criterio.

ARTICULO 9.  El Fiscal de Estado no es recusable. No obstante ello, deberá abstenerse de intervenir en todo asunto en que tenga interés personal u otro similar, tener amistad o parentesco en grado sucesible con el interesado, ser acreedor o deudor del peticionante o haber integrado la persona jurídica interesada en el asunto.

ARTICULO 10.  El ingreso y las promociones del personal profesional se efectuarán por procedimiento de selección abierto, público, oral y escrito, siendo requisito que el Jurado se integre por lo menos por cuatro miembros y uno sea un profesional externo con reconocidos conocimientos y experiencia en la materia del cargo que se concursa. El Fiscal de Estado, con el auxilio del personal jerárquico que él establezca, valorará motivada y anualmente el desempeño profesional de cada uno de los que se desempeñen en la Fiscalía de Estado.

ARTICULO 11.  Los cargos de Procurador General de la Provincia y Asesor Coordinador en lo Contencioso Administrativo y Procesos Judiciales de la Fiscalía de Estado, son de dedicación exclusiva de sus titulares y el desempeño de los mismos es incompatible con el ejercicio de sus profesiones, salvo en los supuestos en que por la presente se requiera su desarrollo o aquellas vinculadas a cuestiones personales de los funcionarios y la docencia e investigación científica especializada. El Poder Ejecutivo preverá, a los fines de la aplicación del presente, una compensación por la dedicación exclusiva y la incompatibilidad profesional atendiendo a supueso similares previstos en la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia.
El Fiscal de Estado, con autorización del Poder Ejecutivo, puede establecer, previa justificación en razón de las reales necesidades del servicio, los cargos cuyo desempeño en la defensa legal y el asesoramiento legal previsto en el artículo 82 de la Constitución Provincial, demanden dedicación exclusiva de su titular con carácter permanente o transitorio, lo que importará la disponibilidad horaria total y la incompatibilidad para el ejercicio de sus profesiones y cuyo número de designaciones no podrá exceder el 20% de la planta permanente de las áreas comprendidas con aquella incumbencia. En estos supuestos los así designados y mientras subsista la afectación, percibirán el adicional que fije la reglamentación. Quien fuera postulado para desempeñar funciones de un cargo con dedicación exclusiva, podrá declinar la postulación dentro del lapso de cinco días de conocida fehacientemente ésta.
Ese adicional y todo otro de naturaleza funcional previsto por disposiciones salariales para el personal de la Fiscalía de Estado, sólo procede en los casos de desempeño efectivo de funciones correspondientes a la incumbencia del órgano, salvo los supuestos de goce de licencia ordinaria y por enfermedad.

ARTICULO 12. Las funciones actuales asignadas por normas o actos administrativos a los profesionales de la Fiscalía de Estado, excepto los cargos previstos en el artículo 1, pueden ser modificadas en los supuestos del ejercicio de las atribuciones del artículo 3 inc.a) de la presente sin mengua de la remuneración alcanzada. Los profesionales de la Fiscalía de Estado de cualquier rama pueden ser reubicados en cargos de asesoramiento dentro de la Administración Pública. La estabilidad de los profesionales de la Fiscalía de Estado comprende, únicamente, la conservación de la remuneración alcanzada, excluidos los adicionales funcionales propios del desempeño de incumbencias del órgano, y la asignación de tareas acordes al título profesional.

ARTICULO 13. Créase el Registro Informático de Procesos Judiciales de la Provincia de Santa Fe, dirigido por el Fiscal de Estado con la asistencia del Asesor Coordinador en lo Contencioso Administrativo y Procesos Judiciales de la Fiscalía de Estado.
En él se inscribirán todos los procesos en que el Estado Provincial, Entes Públicos o Empresas del Estado sean parte, como así también las resoluciones que se dicten en ellos.
El Secretario de la causa, para el supuesto que el proceso se inicie en Jurisdicción provincial, comunicará por oficio al Registro los siguientes datos:

a) Identidad de las partes intervinientes.

b) Naturaleza del proceso y monto económico del mismo.

c) Nombre, apellido y domicilios reales y legales de los apoderados y patrocinantes de las partes.

d) Copia de las resoluciones de mérito recaídas en el proceso.

En el caso que el demandado sea un Ente Público o Empresa del Estado, la comunicación se efectuará directamente a dicho sujeto para luego, una vez procesada por éste, derivarla al Registro. En el supuesto de que el proceso se inicie en extraña jurisdicción, la comunicación será efectuada por el apoderado de la causa.

ARTICULO 14.  El Registro tiene carácter público para todo aquel que justifique interés legítimo en la consulta. El Poder Ejecutivo podrá establecer una tasa por los servicios que preste el Registro que sea razonable en relación al costo de ellos.

ARTICULO 15. Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer adicionales funcionales para el personal administrativo o afectado que desarrolle funciones propias del Registro que se crea, los que serán acordados por Resolución fundada del Fiscal de Estado y subsistirán mientras cumpla con dichas incumbencias.

ARTICULO 16. Abrógase la Ley 6270 y toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 17. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.